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Superar los riesgos políticos para las PYME a través de la inversión en infraestructura

14 enero 2015
ITC Noticias

La necesidad de invertir en infraestructura es cada vez mayor. De acuerdo con la Estrategia de Infraestructura del Banco Mundial, se requieren $EE.UU. 1,1 trillones, o lo que es lo mismo, el 6,6% del PIB de los PED, para satisfacer las demandas de servicios de infraestructura, y eso solo en 2015.

Debido a las limitaciones fiscales de muchos PED, el capital privado extranjero será vital para financiar las inversiones en infraestructura. No obstante, es posible que aquellos bancos que sí han ofrecido financiación al sector privado para las inversiones en infraestructura a largo plazo ahora se encuentren con limitaciones para poder ofrecer financiación asociada al reglamento Basilea III. Por ejemplo, el aumento del nivel mínimo de capital exigido a los bancos y las nuevas normativas referentes a la gestión de activos y pasivos podrían disuadir a los bancos de ofrecer préstamos para los proyectos. Asimismo, es posible que a las empresas privadas les preocupen los riesgos políticos en los lugares en los que podrían considerar invertir en proyectos de infraestructura.

Con el fin de mitigar estos riesgos, instituciones como el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) del Grupo del Banco Mundial ofrecen instrumentos que ayudan a fortalecer la confianza de los inversores y prestamistas en ciertos contextos. El primero es un seguro contra los riesgos políticos, que permite a los inversores y prestamistas transfronterizos mitigar los riesgos no comerciales derivados de acciones gubernamentales adversas. Estos pueden incluir la expropiación; el incumplimiento de contrato; las restricciones sobre la conversión y transferencia de divisas, y los acontecimientos políticos violentos como las guerras o los altercados civiles. Los riesgos políticos en general, y el incumplimiento de contrato en particular, siguen siendo la principal limitación a la que se enfrentan los inversores extranjeros en los PED.

El segundo es un instrumento de mejora crediticia. Este protege a los prestamistas transfronterizos ante el impago por parte de un soberano, subsoberano o una empresa estatal en virtud de una obligación financiera de pago incondicional o una garantía relacionada con una inversión legítima. Las mejoras crediticias permiten a los prestamistas soberanos y subsoberanos acceder a financiación a plazo más largo, así como a menores costes de financiación. Por ejemplo, en 2013, el Estado de São Paulo y el Banco Mundial se comprometieron a invertir $EE.UU.

129 millones y $EE.UU. 300 millones, respectivamente, en la rehabilitación y mejora de 750 km de carreteras estatales, y en la reconstrucción de dos puentes para el transporte fluvial en el río Tieté. El proyecto se amplió y dejó un déficit de $EE.UU. 300 millones. Para abordar el problema, São Paulo sometió el proyecto a una licitación dirigida a los bancos comerciales, que tuvo como exigencia que los préstamos de estos fueran respaldados por el instrumento de mejora crediticia del OMGI. El resultado fue un uso más eficiente de los fondos, ya que gracias a la participación del OMGI se consiguió un tenor más largo y precios más competitivos para el préstamo comercial.

No obstante, fomentar la inversión de capital privado en infraestructura a través de dichos instrumentos es tan solo un medio para conseguirlo. Una mejor infraestructura contribuye a crear un sector privado próspero para todas las empresas, especialmente las PYME. A pesar de que las PYME son el eje central de la economía de muchos PED, ya que contribuyen a la generación de empleo y al crecimiento económico, sus operaciones, a menudo, se ven frenadas por la falta de infraestructura adecuada y asequible. Especialmente para las PYME, una mejor infraestructura se traduce en beneficios concretos porque permite la formación de grupos industriales y mejora su capacidad para subcontratar a empresas extranjeras. Esto, a su vez, aumenta el contenido local y los efectos de filtración de las inversiones extranjeras, y ayuda a las PYME a hacer un mejor uso de las redes corporativas y cadenas de valor para acceder a los mercados internacionales.

Asimismo, las PYME podrían beneficiarse de la participación indirecta en proyectos de infraestructura otorgados a otros, por ejemplo, arrendándoles maquinaria u ofreciéndoles servicios técnicos o especializados. También es posible que participen de forma directa en proyectos de pequeña escala, normalmente ofrecidos a nivel subnacional o en zonas rurales. Si bien algunas PYME tienen la capacidad de explotar dichas oportunidades, es posible que tengan que enfrentarse a riesgos no comerciales derivados de acciones gubernamentales adversas como la expropiación o el incumplimiento de contrato.

La inversión en infraestructura, de cualquier tamaño y en cualquier país, lleva consigo limitaciones relacionadas con los riesgos no comerciales. Mientras que los seguros contra los riesgos políticos ofrecen una mitigación de los riesgos a inversores extranjeros, los nacionales, incluidas las PYME, normalmente no pueden acceder a ellos. Una asociación entre los inversores extranjeros y las PYME locales puede ayudar a salvar esta brecha. Y, lo que es más importante, reforzar el marco regulador nacional para abordar las preocupaciones sobre la protección de los inversores fortalecería las inversiones en infraestructura, tanto extranjeras como nacionales, de todas las empresas.