La búsqueda de la legitimidad en la política comercial

Gracias por invitarme a participar en este fecundo debate sobre la legitimidad de la política comercial.

En las sociedades democráticas, la apertura de los mercados se basa en una especie de consenso social. En algunas economías avanzadas, ese consenso se ha hecho más frágil. La crisis de legitimidad es lamentable, pero también comprensible.

Lamentable porque la economía mundial abierta ha ayudado a más de 1 000 millones de personas a abandonar la pobreza extrema. Como era previsible, la apertura de los mercados permitió a los países enganchar su vagón a la economía mundial y utilizar la demanda externa para que las personas y los recursos abandonaran las actividades de subsistencia y se dedicarán a un trabajo más productivo. La conexión entre el libre comercio y el rápido crecimiento no solo es importante para los países en desarrollo, como China, Kenya y Viet Nam: si los socios comerciales hubieran cerrado la puerta a las exportaciones de Alemania Occidental en el momento en que la nueva competencia comenzó a ponerlos nerviosos, el término Wirschaftswunder nunca habría entrado en nuestro vocabulario.

Pero también resulta lamentable porque ignora todo lo que nos han aportado las importaciones: un mayor poder adquisitivo, mayores opciones para los consumidores y el aumento de la productividad derivado de la eficiente asignación de recursos dentro de la economía nacional.

Y sin embargo, la preocupación resulta comprensible. Comprensible porque en el apogeo del optimismo de la globalización a partir de 1989, las élites políticas y económicas no prestaron suficiente atención a que la apertura de los mercados haría daño a algunas personas, a pesar de que sería beneficiosa para la sociedad en general. El resultado fue que los planes de ajuste no fueron los adecuados. Esto es lo que denomino «el momento en que la microeconomía se topó con la macroeconomía».

Y también resulta comprensible porque el comercio es un símbolo tangible de los profundos cambios económicos de nuestras sociedades y los acuerdos comerciales representan una política gubernamental específica a la que la gente puede oponerse. Este hecho contrasta fuertemente con lo que en realidad ha sido el mayor impulsor del cambio económico en nuestras sociedades, a saber: la tecnología.

La tecnología no es objeto de referendos, de votaciones parlamentarias de último momento ni de protestas callejeras. Y sin embargo, ha sido la automatización, mucho más que el comercio, la que ha hecho que millones de personas con competencias profesionales relativamente bajas hayan perdido sus empleos en fábricas y oficinas en las economías avanzadas.

Es la revolución tecnológica en curso la que permite a la gente ponerse en contacto con la economía mundial moderna y la que perturba los modelos de negocio conocidos y da lugar al distanciamiento e inquietud sociales.

Así pues, gran parte de la recuperación de la legitimidad de la política comercial tiene muy poco que ver con la diplomacia comercial. Sino que tiene que ver con las políticas sociales y económicas a nivel nacional. Las políticas sociales de los Estados miembros de la UE hacen una buena labor al proteger a la gente contra la pobreza. Pero eso no es suficiente. La gran brecha política en las economías avanzadas ya no es entre izquierda y derecha, sino entre sociedades abiertas y sociedades cerradas. Y la línea divisoria parece radicar en si las personas están equipadas para enfrentarse a los cambios socioeconómicos y para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen la tecnología y el comercio.

Los dirigentes políticos de todos los niveles deben hablar con honestidad y franqueza acerca de los beneficios y costos del comercio. Para que la política comercial gane legitimidad en la UE, ustedes deben asumir la responsabilidad de dicha política y dejar de echarle la culpa a Bruselas.

Ahora bien, queda mucho por hacer en el ámbito del comercio. Yo diría que esta labor debe centrarse en la inclusividad y la sostenibilidad.

Actualmente, los aranceles bajos, con algunas excepciones notables, y los acuerdos comerciales operan ante todo detrás de la frontera. Incluso en Europa, tras décadas de cooperación supranacional que se remonta a la Comunidad del Carbón y del Acero, esta incursión en lo que solía ser el ámbito de la política nacional hace que la gente se ponga nerviosa.

Los votantes quieren garantías de que los gobiernos podrán regular en el interés público. Quieren que los alimentos que comen y los juguetes con los que juegan sus hijos sean seguros.

Para los formuladores de políticas, el reto consiste en reducir los costos derivados de cumplir las normas de los productos y las normativas técnicas, sin comprometer sus objetivos en materia de protección del consumidor o su derecho a regular.

La reducción de los costos asociados al comercio de productos y servicios permitiría un mayor comercio, especialización y escala. Sería una forma fiscalmente responsable de impulsar el crecimiento.

Pero este programa también es importante por otra razón, pues la exclusión de los beneficios que ofrece la economía mundial abierta no es un problema únicamente en las economías avanzadas.

De hecho, muchos países en desarrollo aún permanecen al margen de la economía mundial, al menos en lo que se refiere al comercio de bienes y servicios de valor añadido. Es en estos países en los que vive gran parte de lo que se denomina «los mil millones más pobres». Incluso en países que registran mejores rendimientos comerciales, muchos grupos de personas del «fondo de la pirámide» no han podido compartir los beneficios.

Empoderar a estos países y comunidades para utilizar los mercados internacionales a fin de impulsar el crecimiento y la reducción de la pobreza, en otras palabras, para hacer que el comercio sea más inclusivo a nivel mundial, contribuiría significativamente a dar legitimidad a la política comercial.

¿Qué implica esto? Implica permitir que las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayoría de los empleos, se conecten con las cadenas de valor internacionales de comercio e inversión.

Los europeos saben por experiencia propia que un sector de las pymes conectado a nivel mundial puede aumentar el dinamismo económico y, al mismo tiempo, fomentar una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento. Los acuerdos que reducen los costos fijos relacionados con el comercio —desde los procedimientos fronterizos complejos a la carga reglamentaria que imponen las normas aplicables a los productos y las obligaciones de certificación— ofrecerían beneficios fuera de toda proporción a las empresas más pequeñas tanto europeas, como de otros países.

En particular en el caso de las pymes de los países en desarrollo. Algunos estudios indican que la carga reglamentaria que suponen las medidas no arancelarias afecta dos veces más a las exportaciones de las pequeñas empresas que a las de sus competidores más grandes. Un comercio inclusivo significa establecer normas que no sean innecesariamente complicadas. También implica hacer inversiones en la oferta para garantizar que las pymes de los países en desarrollo puedan cumplir las exigencias en materia de calidad y seguridad de los mercados de destino y de las principales empresas de las redes de producción que abarcan varios países.

El comercio inclusivo implica igualmente el empoderamiento económico de las mujeres. Cuando las mujeres tienen ingresos, reinvierten una parte mucho mayor que los hombres en la salud y educación de sus familias. Y sin embargo, las empresas propiedad de mujeres se enfrentan a una doble discriminación en lo que se refiere al comercio. Tienen que superar todos los desafíos a los que se enfrentan otras mujeres empresarias, desde leyes discriminatorias hasta un acceso no equitativo al capital. Aparte de ello, se ven afectadas de forma desproporcionada por los costos fijos relacionados con el comercio, pues las empresas que dirigen suelen ser más pequeñas. Aunque las mujeres poseen casi el 40 % de las pymes del mundo, una encuesta del ITC indica que solo son propietarias del 20 % que participan en el comercio.

Otro elemento clave para la legitimidad de la política comercial es destacar más que el comercio está al servicio de la sostenibilidad.

Los consumidores de los países desarrollados y en desarrollo desean cada vez más un «buen comercio», es decir, bienes y servicios que respondan a sus prioridades personales de justicia social y protección del medio ambiente. Las empresas han respondido a esta exigencia creando un gran número de normas y códigos de conducta voluntarios en materia de sostenibilidad.

Estas normas pueden fomentar patrones de producción y consumo más sostenibles, lo que constituye un enunciado clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, crean primas de precios que pueden resultar lucrativas para las pymes, incluso de los países en desarrollo.

Sin embargo, al igual que ocurre con las exigencias reglamentarias de los gobiernos y de las cadenas de valor privadas, las normas de sostenibilidad voluntarias implican costos de cumplimiento y certificación.

Los creadores de normas voluntarias de sostenibilidad deben esforzarse por evitar duplicaciones inútiles y trabajar para ayudar a las pequeñas empresas a cumplirlas. Una norma que deja fuera a las pymes sin ofrecerles una forma de cumplirla no merece el calificativo de sostenible.

Decenas de empresas agroalimentarias, organismos normativos, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales han firmado los principios de Comercio para el Desarrollo Sostenible, los cuales establecen algunas directrices para garantizar que las iniciativas en materia de sostenibilidad sean dignas de este nombre.

Paralelamente al desarrollo de normas de sostenibilidad, la tecnología ha permitido conocer y seguir las cadenas de suministro con más precisión y de forma más asequible. Las iniciativas dirigidas por el ITC trabajan para aprovechar esta visibilidad a fin de que las cadenas de suministro del sector agrícola y textil sean más sostenibles. Conocer mejor de dónde proceden sus alimentos y prendas de vestir puede ayudar a los consumidores a comprender la forma en que el comercio les beneficia a ellos y a los productores.

Me complace informarles de que el ITC colaborará con la Comisión Europea y los Estados miembros para hacer un seguimiento de la evolución de los mercados de comercio justo y ético. En 2018, una ciudad de la UE ganará el primer Galardón de Comercio Justo y Ético, basado en las políticas y prácticas para impulsar la compra de productos sostenible. Iniciativas como esta contribuyen a legitimar la política
comercial para conectar el comercio, la sostenibilidad y la vida cotidiana en la vida del público.
Pero no será suficiente con hacer que la política comercial sea más inclusiva y sostenible. Las políticas comerciales deben sincronizarse con las políticas europeas y nacionales que abordan los efectos distributivos del comercio.

Esto implica que el comercio debe sincronizarse con la inversión en capital humano, en educación, en capacidades profesionales y en formación profesional. Implica utilizar políticas laborales activas para reducir los efectos del desempleo. Implica sincronizar el comercio con las políticas relativas a los ingresos en materia de salarios, seguros, salario mínimo y, por qué no, la renta universal básica. Implica invertir en innovación.

Y todo esto requiere inevitablemente que los impuestos estén al nivel necesario para garantizar que nadie quede rezagado. Y puesto que hablamos de este tema, también implica la elusión fiscal, incluso por medio de la cooperación internacional.

La lista es larga y la sincronización será difícil. Pero la experiencia de muchos de los Estados miembros de la Unión Europea demuestra que es posible. Y hoy en día simplemente es necesario.

Por último, me gustaría decir que el ITC está listo para poner nuestras experiencias y conocimientos a su servicio en sus esfuerzos para hacer que el comercio sea más inclusivo y sostenible.

Gracias por su atención.